PROVO/CAMBRIDGE – Hace poco, Neiman Marcus y J. C. Penney, dos grandes cadenas minoristas estadounidenses, incumplieron el pago de intereses de sus deudas. Es de prever que una de las dos empresas o ambas iniciarán en breve el procedimiento concursal; será un preanuncio de una ola de quiebras en Estados Unidos por la pandemia de COVID‑19. Y como la mayoría de los hogares estadounidenses hoy carecen de efectivo para pagar tres meses de gastos, también se declararán en bancarrota muchas familias y personas.
Puede que antes de que pase mucho tiempo, Estados Unidos enfrente una tríada de millones de consumidores insolventes, miles de quiebras de pequeñas empresas y numerosas bancarrotas de grandes empresas que cotizan en bolsa, con industrias enteras quebrando al unísono.
La historia de los Estados Unidos muestra que los procedimientos de quiebra alcanzan un máximo algunos meses después de un gran aumento del desempleo. Y hoy el desempleo en Estados Unidos está creciendo a un ritmo inédito; en las últimas seis semanas se presentaron más de 30 millones de pedidos de ayuda por desempleo. Si la pauta histórica se mantiene en los meses venideros, puede que el sistema judicial estadounidense experimente la mayor ola de bancarrotas de su historia.
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En tiempos normales, los procedimientos de quiebra son bastante ágiles y eficaces, en particular en lo referido a la reestructuración de grandes empresas que cotizan en bolsa. Pero no sucederá lo mismo (y la economía resultará perjudicada) si se produce una sobrecarga del sistema y las empresas quedan atascadas en procedimientos legales.
Si hubiera una ola de quiebras como la que ocurrió después de la crisis financiera de 2008‑10, calculamos entonces, sobre la base del tiempo que lleva cada caso, que los jueces concursales estadounidenses tendrán que trabajar alrededor de 50 horas por semana para seguir el ritmo. En la práctica, puesto que la economía ya está experimentando una contracción más marcada que durante el derrumbe financiero de 2008, es posible que la ola de quiebras duplique a la de 2010. Incluso si se declarara en bancarrota un minúsculo 0,9% de los 30 millones de nuevos desempleados, habría más casos que en el pico de 2010. No podemos esperar que los jueces concursales trabajen 100 horas por semana. Tendrán que abreviar y priorizar algunos casos descuidando otros.
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En lo inmediato, algunas quiebras en Estados Unidos se evitarán gracias al apoyo estatal conforme a la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica ante el Coronavirus (CARES). Pero muchas empresas seguirán teniendo problemas para cumplir sus obligaciones con acreedores, empleados y proveedores. Y luego seguirán siendo incapaces de pagar sus deudas, lo mismo que Neiman Marcus, J. C. Penney y buena parte de la industria petrolera. En la crisis de 2008‑10 un aumento sustancial de la ayuda económica del gobierno no logró evitar una ola de quiebras.
Contra lo que muchos piensan, la quiebra no es el final, sobre todo para las empresas con un modelo de negocios subyacente viable que cotizan en bolsa. Mientras la empresa pueda hacer dinero, la quiebra no es sinónimo de cierre y liquidación. Si hay recursos adecuados, los jueces concursales son muy capaces de reestructurar las empresas para hacerlas viables y competitivas. Por ejemplo, en las últimas décadas, la mayoría de las aerolíneas estadounidenses quebraron, se reestructuraron, y salieron de ello en buen estado. Además, la quiebra permite a los dueños de pequeñas empresas (por ejemplo, restoranes) que fracasan dejar las deudas atrás y empezar de nuevo. De modo que mantener un funcionamiento eficaz del sistema concursal es importante para el buen estado de la economía estadounidense.
La saturación de los tribunales concursales tendrá un efecto de retroalimentación negativo sobre la economía. Para empezar, se necesitan procedimientos especiales para que las empresas quebradas paguen a los proveedores cruciales y, a veces, a los empleados. Si los tribunales se retrasan, estos pagos se demorarán, y los efectos se extenderán a lo largo de las cadenas de suministro.
Además, en los procedimientos de quiebra hay algunas decisiones que se deben tomar casi de inmediato, para que las empresas puedan reunir y conservar dinero suficiente para sobrevivir al próximo pago de sueldos. Uno de los autores publicó hace poco un estudio donde muestra que cuando los tribunales concursales se saturan, la resolución de los casos lleva más tiempo, demasiadas empresas pequeñas terminan liquidadas, y los acreedores recuperan una parte menor de lo que se les adeuda.
Para colmo, las empresas que estén al borde de la bancarrota en unos pocos meses estarán demasiado endeudadas para funcionar en forma efectiva. En esas condiciones, es común que las empresas no quieran o no puedan encarar proyectos comerciales por ventajosos que sean, lo que reducirá todavía más sus niveles de contratación e inversión. Ahora esas empresas sobreendeudadas pueden declararse en quiebra y reestructurarse rápidamente; pero de aquí a seis meses eso no será posible si los tribunales estuvieran saturados.
Es un panorama sombrío, pero si la pauta histórica se mantiene y los pedidos de quiebra alcanzan un máximo varios meses después del inicio de una recesión, todavía hay una ventana para la acción. Si esta vez el pico de quiebras llega antes, no hay tiempo que perder.
El Congreso de los Estados Unidos debe duplicar la cantidad de jueces concursales y su correspondiente personal auxiliar. En particular, los legisladores deben crear nuevos juzgados temporales, reasignar otros jueces federales y trasladar jueces concursales de tribunales menos atareados a otros lugares donde se los necesite más.
Son medidas poco costosas y muy rendidoras. Aunque la naturaleza cada vez más partidista de las nominaciones judiciales puede provocar algunas vacilaciones en el Congreso, la designación de jueces concursales es competencia de los tribunales de apelación federales, no del presidente, y no depende de la aprobación del Senado. El partidismo no debe impedir una ampliación de la capacidad de los tribunales concursales.
Tenemos que reforzar esa capacidad ahora, así como quisiéramos haber incrementado la capacidad del sistema sanitario para enfrentar la COVID‑19 hace meses. Aunque la mejor solución para la amenaza de una sobrecarga de bancarrotas es que la crisis sanitaria termine lo antes posible y haya una recuperación económica rápida, no podemos depender de eso. Todavía tenemos tiempo de ventaja para asegurar el equivalente empresarial de los kits de testeo y respiradores que faltan: no repitamos el error de desaprovecharlo.
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The dollar's strength, particularly against major Asian currencies, has triggered a wave of skittishness in financial markets. Can anything be done to stem the greenback's rise, and even if something can be done, should it?
asks whether anything can or should be done about the greenback's strength, especially against Asian currencies.
While the ongoing pro-Palestinian student protests have many superficial similarities to the student uprisings of the late 1960s, only the latter envisioned a new political movement to ameliorate the ills of their time. The current protesters' goals are far more modest, which makes them all the more tragic.
sees the pro-Palestinian student demonstrations as a signal of a much deeper, widespread malaise.
PROVO/CAMBRIDGE – Hace poco, Neiman Marcus y J. C. Penney, dos grandes cadenas minoristas estadounidenses, incumplieron el pago de intereses de sus deudas. Es de prever que una de las dos empresas o ambas iniciarán en breve el procedimiento concursal; será un preanuncio de una ola de quiebras en Estados Unidos por la pandemia de COVID‑19. Y como la mayoría de los hogares estadounidenses hoy carecen de efectivo para pagar tres meses de gastos, también se declararán en bancarrota muchas familias y personas.
Puede que antes de que pase mucho tiempo, Estados Unidos enfrente una tríada de millones de consumidores insolventes, miles de quiebras de pequeñas empresas y numerosas bancarrotas de grandes empresas que cotizan en bolsa, con industrias enteras quebrando al unísono.
La historia de los Estados Unidos muestra que los procedimientos de quiebra alcanzan un máximo algunos meses después de un gran aumento del desempleo. Y hoy el desempleo en Estados Unidos está creciendo a un ritmo inédito; en las últimas seis semanas se presentaron más de 30 millones de pedidos de ayuda por desempleo. Si la pauta histórica se mantiene en los meses venideros, puede que el sistema judicial estadounidense experimente la mayor ola de bancarrotas de su historia.
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En tiempos normales, los procedimientos de quiebra son bastante ágiles y eficaces, en particular en lo referido a la reestructuración de grandes empresas que cotizan en bolsa. Pero no sucederá lo mismo (y la economía resultará perjudicada) si se produce una sobrecarga del sistema y las empresas quedan atascadas en procedimientos legales.
Si hubiera una ola de quiebras como la que ocurrió después de la crisis financiera de 2008‑10, calculamos entonces, sobre la base del tiempo que lleva cada caso, que los jueces concursales estadounidenses tendrán que trabajar alrededor de 50 horas por semana para seguir el ritmo. En la práctica, puesto que la economía ya está experimentando una contracción más marcada que durante el derrumbe financiero de 2008, es posible que la ola de quiebras duplique a la de 2010. Incluso si se declarara en bancarrota un minúsculo 0,9% de los 30 millones de nuevos desempleados, habría más casos que en el pico de 2010. No podemos esperar que los jueces concursales trabajen 100 horas por semana. Tendrán que abreviar y priorizar algunos casos descuidando otros.
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En lo inmediato, algunas quiebras en Estados Unidos se evitarán gracias al apoyo estatal conforme a la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica ante el Coronavirus (CARES). Pero muchas empresas seguirán teniendo problemas para cumplir sus obligaciones con acreedores, empleados y proveedores. Y luego seguirán siendo incapaces de pagar sus deudas, lo mismo que Neiman Marcus, J. C. Penney y buena parte de la industria petrolera. En la crisis de 2008‑10 un aumento sustancial de la ayuda económica del gobierno no logró evitar una ola de quiebras.
Contra lo que muchos piensan, la quiebra no es el final, sobre todo para las empresas con un modelo de negocios subyacente viable que cotizan en bolsa. Mientras la empresa pueda hacer dinero, la quiebra no es sinónimo de cierre y liquidación. Si hay recursos adecuados, los jueces concursales son muy capaces de reestructurar las empresas para hacerlas viables y competitivas. Por ejemplo, en las últimas décadas, la mayoría de las aerolíneas estadounidenses quebraron, se reestructuraron, y salieron de ello en buen estado. Además, la quiebra permite a los dueños de pequeñas empresas (por ejemplo, restoranes) que fracasan dejar las deudas atrás y empezar de nuevo. De modo que mantener un funcionamiento eficaz del sistema concursal es importante para el buen estado de la economía estadounidense.
La saturación de los tribunales concursales tendrá un efecto de retroalimentación negativo sobre la economía. Para empezar, se necesitan procedimientos especiales para que las empresas quebradas paguen a los proveedores cruciales y, a veces, a los empleados. Si los tribunales se retrasan, estos pagos se demorarán, y los efectos se extenderán a lo largo de las cadenas de suministro.
Además, en los procedimientos de quiebra hay algunas decisiones que se deben tomar casi de inmediato, para que las empresas puedan reunir y conservar dinero suficiente para sobrevivir al próximo pago de sueldos. Uno de los autores publicó hace poco un estudio donde muestra que cuando los tribunales concursales se saturan, la resolución de los casos lleva más tiempo, demasiadas empresas pequeñas terminan liquidadas, y los acreedores recuperan una parte menor de lo que se les adeuda.
Para colmo, las empresas que estén al borde de la bancarrota en unos pocos meses estarán demasiado endeudadas para funcionar en forma efectiva. En esas condiciones, es común que las empresas no quieran o no puedan encarar proyectos comerciales por ventajosos que sean, lo que reducirá todavía más sus niveles de contratación e inversión. Ahora esas empresas sobreendeudadas pueden declararse en quiebra y reestructurarse rápidamente; pero de aquí a seis meses eso no será posible si los tribunales estuvieran saturados.
Encima, el 65% de los jueces concursales estadounidenses tienen más de 60 años. Como el coronavirus les dará motivos para teletrabajar, prescindirán de las reuniones «a puertas cerradas» donde es común que se llegue a un acuerdo entre deudores y acreedores.
Es un panorama sombrío, pero si la pauta histórica se mantiene y los pedidos de quiebra alcanzan un máximo varios meses después del inicio de una recesión, todavía hay una ventana para la acción. Si esta vez el pico de quiebras llega antes, no hay tiempo que perder.
El Congreso de los Estados Unidos debe duplicar la cantidad de jueces concursales y su correspondiente personal auxiliar. En particular, los legisladores deben crear nuevos juzgados temporales, reasignar otros jueces federales y trasladar jueces concursales de tribunales menos atareados a otros lugares donde se los necesite más.
Son medidas poco costosas y muy rendidoras. Aunque la naturaleza cada vez más partidista de las nominaciones judiciales puede provocar algunas vacilaciones en el Congreso, la designación de jueces concursales es competencia de los tribunales de apelación federales, no del presidente, y no depende de la aprobación del Senado. El partidismo no debe impedir una ampliación de la capacidad de los tribunales concursales.
Tenemos que reforzar esa capacidad ahora, así como quisiéramos haber incrementado la capacidad del sistema sanitario para enfrentar la COVID‑19 hace meses. Aunque la mejor solución para la amenaza de una sobrecarga de bancarrotas es que la crisis sanitaria termine lo antes posible y haya una recuperación económica rápida, no podemos depender de eso. Todavía tenemos tiempo de ventaja para asegurar el equivalente empresarial de los kits de testeo y respiradores que faltan: no repitamos el error de desaprovecharlo.
Traducción: Esteban Flamini